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Demandan a Nicky Jam y el canal RCN y le piden $552 millones

El reguetonero Nicky Jam y el canal RCN tendrían que pagar $552 millones por ilusionar a una quinceañera.

Aparentemente, el artista y el canal, que sirvió para promocionar el concurso a través de sus plataformas, faltaron a su promesa de cumplir el sueño de Jennifer Cruz, la ganadora del evento impulsado por el reguetonero y que consistía en festejarle los 15 años a una niña de bajos recursos en Colombia, explica El Espectador.

El anuncio fue hecho a través del programa ‘Muy buenos días’ del Canal RCN en noviembre de 2014.

La expectativa, hecha por el presentador J. Mario Valencia incluía:

Una fiesta espectacular, organizada, montada por Nicky Jam  con concierto de Nicky Jam  pero no solo eso, también tendrás el vestido, lo pagará Nicky Jam, y la torta”.

Las interesadas debían enviar un video de un minuto de duración para convencer al cantante, y Jennifer Cruz, una niña del municipio de Milán, en Caquetá, un lugar que está a 4 horas de Florencia en carretera y que para llegar hay que hacer un trayecto de 20 minutos en lancha, fue la ganadora del premio.

Pese a que el concurso fue abierto, no tuvo en cuenta la aclaración de términos y condiciones que son exigidas por los entes públicos encargados de vigilar y regular este tipo de eventos.
Los apoderados del artista en Colombia explicaron al diario que a Jennifer no se le pudo cumplir con el premio, porque su padre quería transformar el concierto en un evento público y cobrar la entrada.
Además, agregan, no había manera de garantizar la seguridad del artista:
“Les hemos ofrecido dinero en efectivo y hasta la reprogramación del concierto en dos ocasiones. Pero no hemos cumplido con sus expectativas”.
El Canal RCN también respondió que está dispuesto a conciliar con la familia de Jennifer que exige, además de disculpas públicas, una reparación económica de $345 millones por daños morales y otros $207 millones por daños psicológicos.
Entre los que están llamados a intervenir en la conciliación también figuran el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, por su aparente omisión de sus funciones, señaló el abogado de la familia a El Espectador.

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